Los cientistas sociales destinamos tiempo y esfuerzo al estudio de teorías generales sobre el Estado. Lo hacemos en nuestra formación inicial, luego en el ejercicio de nuestro oficio. Sin dudas, incluimos al Estado en casi todos nuestros análisis. Pero rara vez realizamos una abordaje crítico, detallista, capaz de desnaturalizar el modo en que el Estado moldea el mundo social y cómo se articula con procesos sociales más generales.

Desde hace más de medio siglo, el análisis de políticas públicas ha desarrollado un conjunto de instrumentos para pensar al “Estado en acción”, a través de prácticas e intervenciones concretas y claramente recortadas. De esta manera, ha podido evitarse un sesgo hacia enfoques puramente macro-sociológicos, teñidos casi siempre de algún tipo de razonamiento funcionalista, como los enfoques monográficos sobre áreas específicas de la administración pública.Asimismo, se ha recuperado la idea de que la política puede operar sobre lo social, transformarlo, orientarlo, sin que ello suponga caer en una imagen de “la política” como esfera totalmente autónoma, que no se rige más que por sus propias lógicas. Actores sociales, intereses sectoriales, restricciones financieras, e incluso eso que suele llamarse “opinión pública”, establecen límites – al mismo tiempo que ofrecen recursos materiales y simbólicos – para la intervención estatal. En todo caso, para dar cuenta de las políticas públicas no podemos limitarnos exclusivamente a los actores estatales y las autoridades gubernamentales. Eso que llamamos acción del Estado, y que más recientemente algunos han propuesto llamar simplemente “acción pública”, implica una pluralidad de agencias, presiones y escenarios que operan, se asocian y se afrontan, y que en un momento dado producen un resultado, siempre parcial y provisorio, que se manifiesta como un programa, un plan, una reforma.

Este tipo de análisis suele ir de la mano con un abordaje sectorial de la acción estatal, que permite dar cuenta de las dinámicas complejas de la gobernanza en las sociedades contemporáneas. Ya no podemos pensar en que el Estado sea una entidad homogénea y unitaria : cada área del Estado tiene y/o expresa intereses específicos, articulándose de manera diferenciada con actores sociales, espacios de actividad y organizaciones sectoriales. Los problemas, los agentes, las reglas, los saberes y los modos de concebir la propia misión varían fuertemente entre los distintos sectores : el “Estado” que aparece en las políticas de seguridad (con sus policías, sus agentes judiciales y penitenciarios, sus expertos en criminología, pero también sus armas, sus patrulleros y sus sistemas de producción de información) es bien distinto del “Estado” que se ocupa de la política educativa (con sus maestros, pedagogos, rectores, pero también gremios, sistemas de incentivos y movimientos estudiantiles) (…) Lire la suite de l’article